En la Colombia de los años 80, mientras el narcotráfico inundaba la economía de recursos ilícitos, también operaban esquemas de captación de dinero "legal" que, amparados en figuras financieras sofisticadas, terminaron defraudando a miles de inversionistas. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la Fiduciaria Scala, intervenida por el Estado en 1989, cuya junta directiva incluía a miembros de dos de las familias más influyentes de la política colombiana: los Turbay y los Uribe.
La intervención: Cuando las cuentas no cuadraron
El 10 de febrero de 1989, la Superintendencia Bancaria, bajo el mando de Néstor Huberto Martínez Neira, ordenó la intervención y posterior liquidación de la sociedad fiduciaria Scala. La razón oficial: costos financieros "excesivamente altos" en relación con los ingresos de la compañía.
Scala operaba bajo un modelo atractivo para inversionistas de clase media y alta: recibía aportes de dinero con el compromiso de construir edificios o desarrollar negocios inmobiliarios. Sin embargo, al momento de la intervención, se descubrió que la fiduciaria administraba 25 fideicomisos en los que los costos de las obras superaban ampliamente lo proyectado, y que, además, la compañía arrastraba deudas tributarias sin resolver.
La junta directiva: Apellidos que pesan en la política
Aunque el expresidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) negó públicamente cualquier participación en Scala, los registros oficiales mostraban una realidad distinta: en la junta directiva de la fiduciaria figuraba su hija, Diana Turbay Quintero, reconocida periodista secuestrada y asesinada por el grupo de Pablo Escobar en 1991.
Junto a ella, también integraba la junta Augusto Uribe Londoño, hermano del hoy candidato presidencial Miguel Uribe Londoño y cuñado de Diana Turbay. La presencia de estos nombres en la estructura de gobierno de Scala generó, en su momento, cuestionamientos sobre si el prestigio de sus apellidos fue utilizado para captar confianza y recursos de inversionistas.
Multas, certificados prohibidos y beneficios familiares
En junio de 1989, meses después de la intervención, el representante legal de Scala, Enrique Tafur Tafur, fue multado por la Superintendencia Bancaria por una operación irregular: la suscripción de 41 certificados inmobiliarios por valor de 163 millones de pesos, una práctica expresamente prohibida por el ente de control.
Lo más grave: esos certificados beneficiaron directamente a Nydia Quintero Turbay, esposa del expresidente Julio César Turbay, y a Diana Turbay Quintero, su hija. Según las investigaciones, el dinero captado a través de estos instrumentos fue utilizado para fines diferentes a los ordenados por los fideicomitentes, es decir, los inversionistas que confiaron sus recursos para proyectos inmobiliarios específicos.
La condena que llegó tarde
La justicia tardó más de una década en cerrar el caso. En 1999, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de 36 meses de prisión contra Enrique Tafur Tafur, expresidente de la fiduciaria Scala. La sentencia no fue por el desvío de recursos de los fideicomisos, sino por un delito fiscal: no haber entregado al Estado más de 32 millones de pesos correspondientes a la retención en la fuente de sus empleados, entre octubre de 1987 y septiembre de 1988.
Para muchos inversionistas afectados, la condena resultó insuficiente y tardía. El dinero que entregaron para construir viviendas o locales comerciales nunca regresó, y la liquidación de Scala no logró resarcir las pérdidas.
Preguntas que permanecen
El caso Scala plantea interrogantes que trascienden lo jurídico:
- ¿Hasta qué punto el respaldo de apellidos políticos influyó en la captación de recursos?
- ¿Por qué las alertas sobre los costos excesivos y el uso indebido de fondos no fueron detectadas a tiempo por los entes de control?
- ¿Qué responsabilidad tuvieron los miembros de la junta directiva, más allá de la figura legal de la fiduciaria?
Hoy, cuando nombres como Miguel Uribe Londoño vuelven a la palestra política, el recuerdo de Scala resurge como un episodio poco conocido, pero revelador, de cómo las élites económicas y políticas de los 80 operaron en zonas grises de la legalidad financiera.